martes, 6 de diciembre

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Sociedad

El Gobierno alivia la carga hipotecaria de las familias vulnerables

El Ejecutivo ha aprobado un conjunto de medidas para facilitar el pago de la hipoteca a más de un millón de hogares ante el incremento de los tipos de interés. Además, ha impulsado la armonización laboral de bomberos forestales y agentes medioambientales.

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El Consejo de Ministros ha adoptado un paquete de medidas dirigidas a las familias más afectadas por la subida del Euribor -el tipo de interés de referencia de las hipotecas a tipo variable- que ha provocado la guerra en Ucrania. Más de un millón de hogares podrá beneficiarse de esta protección, aproximadamente un tercio de los que tienen hipotecas a tipo variable, según ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

La vicepresidenta primera ha destacado que el Euribor se encuentra por debajo de los niveles históricos, las previsiones apuntan a su estabilización y no existe un "riesgo macroeconómico" porque la situación es muy diferente a la que se produjo con la crisis de 2007. Gracias al apoyo del sector público y a la reducción del crédito, la posición financiara de los hogares es "más saneada, con más ahorro y menos endeudamiento que en otros momentos de nuestra historia, y todo ello refuerza la resistencia, la fortaleza de la economía española en este contexto".

Aún así -ha afirmado Calviño-, algunas familias, especialmente las vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, están acusando el aumento de la subida del Euribor, por lo que el Gobierno ha aprobado este conjunto de medidas que proporcionará a los ciudadanos un "menú de opciones" para amortiguar la carga hipotecaria y contar con más "certidumbre" sobre su nivel de gastos a medio y largo plazo.

Medidas de alivio de los deudores hipotecarios

Las iniciativas adoptadas hoy actúan en tres vías, según ha explicado la vicepresidenta primera: mejoran el tratamiento de las familias vulnerables; crean un nuevo marco de actuación para los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad, y establecen medidas generales aplicables a todas las hipotecas.

Deudores más vulnerables

En primer lugar, se refuerza el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. En concreto, se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euribor más 0,25% al Euribor menos 0,10%.

Además, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión; se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual, y se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.

Como ejemplo del impacto de estas medidas, Calviño ha detallado que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual -tras la revisión de los tipos de interés- de 524 euros verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.

Se amplía, además, el ámbito del Código para que se aplique a más de 300.000 familias. Así, los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.

Familias con rentas inferiores a 29.400 euros

La protección se extiende a las familias de clase media que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria: el nuevo Código de Buenas Prácticas será aplicable a los hogares con renta inferior a 3,5 veces el IPREM -unos 29.400 euros anuales- que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%.

Para estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable al principal que se aplace y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Este nuevo catálogo de medidas permitirá hasta a 700.000 familias adaptarse gradualmente al nuevo escenario de tipos de interés, según ha sostenido Calviño.

Medidas adicionales

Entre las iniciativas aprobadas, se incluyen otras dirigidas a reducir aún más todos los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo y a eliminar las comisiones por amortización anticipada y por conversión durante 2023. Además, el Banco de España elaborará una guía para deudores hipotecarios en dificultades, y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Protección del cliente financiero

Reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero es también el objetivo del proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes. Esta nueva autoridad administrativa, que estará financiada por las entidades financieras, se encargará de resolver los conflictos que se produzcan entre las entidades financieras y los clientes cuando estos no queden satisfechos por la respuesta que se dé en las ventanillas de quejas y reclamaciones de las propias entidades.

La vicepresidenta primera ha apuntado que el procedimiento de presentación de reclamaciones será gratuito y con atención personalizada y que se establece un plazo máximo general de 90 días para la resolución de la reclamación, salvo circunstancias excepcionales. El texto amplía el ámbito de protección a los clientes en el ámbito de los criptoactivos o los servicios 'fintech'.

Apoyo a Ucrania y a las empresas afectadas por la guerra

El Ejecutivo ha adoptado otros dos acuerdos relacionados con la guerra de Ucrania.

Por una parte, ha aprobado la dotación de las garantías para el apoyo financiero a Ucrania, necesario para el mantenimiento de la economía y la administración de ese país.

Por otro lado, ha extendido hasta el 1 de diciembre de 2023 el plazo de la línea de avales para proporcionar liquidez a las empresas y autónomos afectados por la guerra de Ucrania.

Marco básico común para agentes medioambientales y bomberos forestales

El Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos de ley para establecer las funciones y condiciones laborales de los agentes forestales y medioambientales y de los bomberos forestales en todo el territorio nacional.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que las normas atienden a la reivindicación histórica de estos profesionales para disponer de un marco básico común que acabe con las diferencias en función de su adscripción a una u otra administración.

Los agentes forestales y medioambientales se ven afectados por una gran heterogeneidad de denominaciones y funciones según dependan del Estado o de las comunidades. Por su parte, los distintos modelos autonómicos de gestión de los servicios de extinción de incendios han generado alta temporalidad y estacionalidad en los contratos y disparidad de retribuciones para los bomberos forestales.

Ribera ha afirmado que el Gobierno quiere saldar una deuda pendiente con estos dos colectivos, "clave en la protección del territorio, los ecosistemas y la biodiversidad" y que, además, "arriesgan su vida en favor de la seguridad de todos".

Agentes forestales y medioambientales

En España hay actualmente en torno a 6.000 personas que trabajan como agentes forestales y medioambientales. Cuatrocientas de ellas pertenecen a la Escala de Agentes Medioambientales en la Administración General del Estado y el resto están repartidas en diferentes cuerpos y escalas en las administraciones autonómicas.

"Son el primer eslabón de todo un sistema dedicado a la conservación de la naturaleza y a la vigilancia de la disciplina ambiental en un país extraordinariamente rico desde el punto de vista de la biodiversidad y de la riqueza forestal", ha resaltado Teresa Ribera, que ha recordado que tienen también la condición de autoridad pública, sin perjuicio de su obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ejercen funciones de policía administrativa especial y policía judicial.

Entre sus funciones destacan las básicas de auxilio y colaboración en emergencias y en protección civil en el medio natural; las derivadas de la custodia y vigilancia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y ambiental y las técnicas de apoyo ambiental y forestal, dominio público, paisaje y planificación, y seguimiento o inventario de hábitats.

Bomberos forestales

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha subrayado, respecto a la nueva regulación de la figura del bombero forestal, que permitirá una mayor profesionalización y seguridad en el trabajo y ofrecerá formación permanente, lo que redundará en una mayor eficacia: "Somos conscientes del incremento muy notable del número de incendios en todo el territorio nacional durante todo el año, ya no solo concentrados en una época y en unos espacios determinados, y del agravamiento de las características de estos incendios".

El anteproyecto de ley considera la extinción de incendios forestales un servicio de carácter esencial e interés social en todo el territorio, con independencia de la naturaleza jurídica laboral con la que cada administración lleve a la práctica la contratación de personal. Asimismo, determina las funciones de los bomberos forestales, que deberán trabajar en estrecha colaboración con los responsables de protección civil para la prevención, vigilancia y detección de incendios, su extinción, y el mantenimiento de las distintas infraestructuras, equipos e instalaciones.

Habrá un sistema de clasificación profesional básico en todo el territorio, se fijarán los tiempos de prestación de servicio y los de descanso y se regularán las condiciones relativas a la prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las características especiales de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad y penosidad. Estos aspectos se considerarán en la negociación de las retribuciones.

Otros aspectos contenidos en la norma son el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial, la posibilidad de una segunda actividad y la necesidad de impulsar planes específicos de igualdad de género.

Finalmente, Ribera ha mostrado su compromiso con la formación continua reglada, teórica, física y práctica para los bomberos forestales. El Comité de Lucha contra Incendios Forestales establecerá los estándares comunes de competencias básicas y formación, que después serán ratificados en Conferencia Sectorial.

Fortalecimiento de la industria agroalimentaria

Entre las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para impulsar la transformación del tejido productivo, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha remarcado el relativo al despliegue del PERTE Agroalimentario.

El acuerdo permitirá financiar actuaciones para fortalecer la industria agroalimentaria, por un valor de algo más de 200 millones en subvenciones y hasta otros 200 millones a través de préstamos.

Enmarcado en ese Plan Estratégico, Isabel Rodríguez se ha referido a la puesta en marcha de la Fundación Ciudad del Envase y del Embalaje, un centro tecnológico que estará situado en La Rioja.

Cohesión territorial y ayuda a refugiados

La portavoz ha insistido en la apuesta del Gobierno por la cohesión territorial, un eje de la legislatura que en la reunión de hoy se ha plasmado en una nueva subvención para paliar los daños de la erupción de La Palma, en diversas subvenciones a comunidades autónomas para proyectos de políticas de empleo de personas especialmente vulnerables, y en el contrato de construcción en Soria del nuevo Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha destinado 2,6 millones a universidades públicas que están acogiendo a estudiantes e investigadores ucranianos desplazados de su país por culpa de la invasión rusa.

Lucha contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno ha reiterado en una Declaración Institucional su compromiso para garantizar la protección y los derechos de las víctimas.

"La lucha contra la violencia machista forma parte del corazón de nuestra democracia, y este Ejecutivo quiere enviar un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, a las niñas y a los niños víctimas también de esa violencia, a sus familias", ha manifestado Isabel Rodríguez.