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Sociedad

El Congreso aprecia que existen condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales

Por tercera vez el Gobierno logra el aval parlamentario para aplicar una medida recomendada por la Comisión Europea que permitirá mantener en 2023 el escudo social y desplegar las ayudas necesarias para mitigar el impacto en familias, pymes y autónomos del encarecimiento de los precios provocados por la invasión rusa de Ucrania.

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El Congreso de los Diputados, a petición del Gobierno, ha respaldado que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales, en línea con la recomendación de la Comisión Europea, que también ha decidido extender la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ante la crisis desatada por el encarecimiento de precios derivados de la invasión rusa de Ucrania.

Es la tercera vez que el Gobierno solicita al Congreso esta apreciación. Lo hizo por última vez el pasado 26 de julio de 2022 mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y en cumplimiento con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con la Constitución, que en su artículo 135.4 contempla la posibilidad de la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda, así como de la regla de gasto, en el caso de "situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado".

De esta manera, España sigue el mismo camino marcado por la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 por la pandemia de la COVID-19. Una medida que ha sido posteriormente prorrogada en 2021 y 2022. Más recientemente en el pasado mes de mayo se decidió también extender la suspensión al ejercicio 2023 por las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.

El objetivo de esta iniciativa es poder seguir desplegando las medidas necesarias para mitigar el impacto del encarecimiento de precios en las familias y el tejido productivo como ya ha venido adoptando el Ejecutivo en el último año.

En este sentido, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado en su intervención en el Congreso que la pandemia o la invasión de Ucrania son "situaciones sobrevenidas" que no dependen del Gobierno, pero ha destacado que sí depende del Gobierno cómo responder a esos problemas. "Este Gobierno está decidido a hacerlo poniendo a la ciudadanía en primer lugar, protegiendo sus derechos y su bienestar", ha explicado.

Tasas de referencia

La ministra de Hacienda también ha recordado que la suspensión de las reglas fiscales no significa abandonar la responsabilidad fiscal. En ese sentido, Montero ha subrayado que el déficit de las Administraciones Públicas en España se redujo desde el 10,3% en 2020 al 6,9% en 2021, la mayor reducción del déficit público de la serie histórica sin tener en cuenta la ayuda financiera.

Asimismo, la previsión para este año es que la cifra se sitúe en un 5%, lo que equivaldría a haber reducido en más de un 50% el desequilibrio en las cuentas públicas. Y la estimación es que la senda de déficit siga descendiendo hasta el 3,9% en 2023, tal y como se recoge en el Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea.

Por tanto, el compromiso con la responsabilidad fiscal se traduce en que, a falta de objetivos de estabilidad por la suspensión de las reglas fiscales, se introducen unas tasas de referencia de déficit.

Una vez más, la Administración Central será quien asuma un mayor esfuerzo fiscal al pasar de una tasa de referencia del 3,8% en 2022 al 3,2% en 2023. De esta forma, será el subsector que más reducirá su déficit y asumirá el mayor coste derivado de las consecuencias de la guerra igual que hizo durante la pandemia para proteger al resto de administraciones.

Por su parte, las Comunidades Autónomas tendrán más margen al pasar de una tasa de referencia del 0,1% contemplado en el Programa de Estabilidad de abril a un 0,3% recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 26 de julio. Esas dos décimas extra son asumidas por la Administración Central, que pasa del 3,4% fijado en abril al 3,2% citado anteriormente.

También las Entidades Locales contarán con más capacidad de gasto al pasar de un superávit del 0,2% previsto en el Programa de Estabilidad a un superávit del 0,1% contemplado en el acuerdo del Consejo de Ministros.

Por último, la tasa de referencia de la Seguridad Social será del 0,5% del PIB en 2023, similar a la de 2022. Cabe destacar la transferencia de 19.888 millones del Estado contemplada en el techo de gasto con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema.

Techo de gasto

Además, aunque el límite de gasto no financiero del Estado de 2023 no se sometía a votación en el Congreso, la ministra de Hacienda ha recordado en su intervención que ascenderá a 198.221 millones de euros, una cifra récord que supera en un 1,1% el techo de gasto de 2022.

Montero ha destacado que esa cifra permitirá elaborar unos Presupuestos Generales en 2023 centrados en consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, mantener el esfuerzo inversor y el desarrollo de políticas estratégicas en ciencia, becas, sanidad o educación y también dedicar recursos a proteger a las clases medias y trabajadoras, así como a los colectivos vulnerables y al sector productivo frente a la elevada inflación.

Si se descuentan los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el techo de gasto nacional se situaría en 173.065 millones de euros, un 1,9% más que el año anterior. Una muestra de que el compromiso del Gobierno con las políticas sociales va más allá de los fondos procedentes de Europa