viernes, 19 de abril
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Sociedad
La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Estatuto Básico de los Municipios con Menor Población "garantizará la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan".
Isabel Rodríguez, que ha comparecido en la Comisión de Entidades Locales del Senado para exponer las líneas generales de actuación del Ministerio de Política Territorial, ha explicado que el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población se integra en las prioridades del Gobierno frente al reto demográfico para hacer de España "un país integrado social y territorialmente.
La lucha frente al reto demográfico es "una prioridad para este Gobierno", y las estadísticas están ahí: 5.024 municipios de todas las provincias han perdido habitantes en este siglo, según el INE. Seis de cada diez municipios han visto reducido su número de habitantes en los últimos 20 años. En más de 5.000 localidades viven ahora 1.129.471 personas menos que hace dos décadas, aunque España en su conjunto ha ganado en el mismo periodo 6.268.265 habitantes.
También ha explicado las inversiones previstas, más de 10.000 millones de euros, de los que 4.200 millones se invertirán en 2022, desplegando el Plan de 130 Medidas frente el Reto Demográfico, resultado de la acción coordinada del Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales. "Desde su aprobación, en marzo de 2021, se han movilizado más de 3.000 millones", ha afirmado.
Algunas de las 130 medidas son el Plan ÚNICO, con casi 250 millones para extender la banda ancha ultrarrápida al 95% de la población; las iniciativas de Correos para suministrar conectividad a través de sus oficinas; o ayudas a jóvenes para la compra de casa en municipios de menos de 10.000 habitantes.
El Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población se integrará en la reforma también anunciada por la ministra de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local "para reforzar el funcionamiento democrático y la modernización de los gobiernos locales, con medidas dirigidas a fomentar la digitalización de los servicios públicos locales, mejorar la participación ciudadana y establecer una regulación básica para los municipios de menor población o en riesgo de despoblamiento".
Junto a la Ley de Bases del Régimen Local se reformará la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "reformas conectadas entre sí, para dar cumplimiento a compromisos con la UE y profundizar en la modernización de las administraciones públicas y mejorar la cogobernanza y la digitalización".
La ministra ha reclamado la participación de todos en este objetivo: "Invito a los grupos con representación en esta Cámara a presentar sugerencias en aras de alcanzar el consenso como una herramienta clave para las entidades locales".
La reforma de la Ley de Bases incrementará el papel de las diputaciones provinciales para implementar mecanismos digitales para la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos locales e impulsará la participación ciudadana en los asuntos públicos, también la posibilidad del voto telemático de los concejales e incluirá los criterios del Tribunal Constitucional sobre los concejales no adscritos.
Las principales líneas de trabajo del Ministerio de Política Territorial, además del fortalecimiento de las entidades locales con importantes reformas legales, pasan por el municipalismo, como eje fundamental; la aprobación del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población; la desconcentración de la AGE en el territorio; y el refuerzo de la cooperación interterritorial y el diálogo.
La ministra ha subrayado la imprescindible labor de los ayuntamientos durante la pandemia para garantizar la salud de los vecinos, se ha comprometido a reforzar el papel de las entidades locales y ha reconocido el municipalismo como "uno de los ejes vertebradores de la política del Ministerio de Política Territorial".
El impulso al municipalismo pasa por las reformas normativas anunciadas y también por la participación de las EELL en los fondos de recuperación de la UE con un firme compromiso de convertir a los ayuntamientos en protagonistas de la recuperación, con la gestión por las entidades locales del 15% de los fondos europeos.
El Ministerio de Política Territorial destinará 392 millones de euros para proyectos de digitalización de las entidades locales en tres años. La primera inversión en 2021, se articula a través de 92,77 millones de euros para los municipios con más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. Según ha detallado lsabel Rodríguez, "se han recibido solicitudes de 145 ayuntamientos para financiar proyectos por 89,52 millones de euros, lo que representa un grado de ejecución del 96,49%. Un éxito compartido, porque esta primera convocatoria ha despertado gran interés de las entidades locales, con independencia de su color político".
Con estos fondos se impulsarán importantes proyectos digitales: por ejemplo, 12 millones al Ayuntamiento de Madrid para infraestructuras tecnológicas para la prestación de servicios digitales relacionados con el teletrabajo; 1,2 millones a Córdoba para proyectos de certificación del patrimonio histórico-artístico o transformación digital de la serie documental analógica de licencias de obras mayores del archivo municipal; Valladolid empleará más de un millón de euros para proyectos como el desarrollo de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad; o Salamanca, casi 540.000 euros, para iniciativas como una plataforma automatizada de accesibilidad web para el acercamiento de los servicios públicos a la ciudadanía.
En 2022 y 2023, todos los ayuntamientos optarán a subvenciones por importe de 149 millones cada año para digitalizar y mejorar sus servicios públicos.
Desconcentración de la AGE en el territorio
La desconcentración tiene efectos positivos en el desarrollo y la calidad de vida de las regiones que reciben las sedes reubicadas, ha indicado la ministra: "Vamos a seguir reforzando esta apuesta en los dos próximos ejercicios con el traslado de organismos y la creación de otros como las oficinas municipales de justicia".
La ministra ha explicado cómo se han trasladado ya distintos centros públicos, como el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de Formación Profesional a Segovia; el Centro de Datos de la Seguridad Social y del Centro Nacional de Fotografía a Soria; en Teruel se ha ubicado el Cloud de mantenimiento y gestión de infraestructuras de Renfe (Centro de Competencias Digitales), además del aula de la UNED en Alcañiz (Teruel). O en Castilla-La Mancha, el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial de Renfe (Centro de Competencias Digitales) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
"La cohesión territorial pasa también por una AGE en el territorio que, dentro del respeto a las competencias autonómicas y municipales, sea capaz de prestar servicios de manera eficaz. Esto es especialmente importante en Ceuta y Melilla donde, por razón de su organización estatutaria, corresponde a la AGE la prestación de servicios adicionales.
Es necesario desarrollar una voluntad política que encauce el diálogo. "La cooperación entre administraciones públicas funciona", ha destacado, y ha puesto como ejemplo la negociación con las comunidades autónomas, en el marco del artículo 33.2 la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con un notable incremento. "Hemos conseguido reducir un 76% la conflictividad gracias al diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas", ha explicado.
El diálogo es y va a seguir siendo la piedra angular de la política territorial de este Gobierno, ha subrayado: "Hemos celebrado comisiones mixtas con Navarra, el País Vasco y Comunitat Valenciana y comisiones bilaterales con Cataluña y La Rioja, esta última llevaba 30 años sin reunirse. Trabajamos en las próximas bilaterales, a instancias de Galicia, Canarias y Aragón, y en la transferencia de funciones y servicios a otras tantas comunidades autónomas".
Isabel Rodríguez ha hecho balance de dos años de Legislatura. Pese a la pandemia y a la fragmentación parlamentaria, ha recordado, se han aprobado leyes, los ERTE han dado protección a 3,3 millones de trabajadores y se han alcanzado acuerdos con los agentes sociales, como la reforma laboral, se ha impulsado la actualización de las pensiones o el plan de vacunación, "una demostración de lo que puede alcanzarse cuando todas las administraciones públicas trabajan de la mano".
Y mirando al futuro, "el Gobierno ha impulsado un proyecto de país, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya en marcha, siendo España el primer país en recibir la primera inyección de los fondos.
El marco para efectuar este proceso pivota sobre la cogobernanza. "Promovida por el Gobierno y plasmada en la celebración de 19 Conferencias de Presidentes" desde que estalló la pandemia, órgano que sigue siendo el mejor instrumento para coordinar los esfuerzos de las distintas administraciones públicas, ha señalado. Política Territorial trabaja en la reforma del Reglamento de la Conferencia de Presidentes para dotar a este órgano de un carácter más participativo, dar más continuidad a sus trabajos y darle un mayor papel en la orientación política de la acción de las conferencias sectoriales, ha explicado la ministra.
Por otro lado, el Gobierno escucha a los ayuntamientos representados en la FEMP, fomentando su participación activa en las conferencias sectoriales y su participación en el Plan de Recuperación. En este sentido, ha recordado que "en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 está previsto que 2.050 millones de euros de los 26.900 millones de euros dotados para el Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia (MRR) sean transferidos a las entidades locales".
También ha resaltado a financiación extraordinaria de las entidades locales en el periodo de pandemia, con un incremento de las entregas a cuenta en 1.500 millones. Las entregas a cuenta en 2022 aumentan un 13% hasta alcanzar 22.062 millones de euros.
Acercar la Administración a la ciudadanía, ha explicado, constituye un eje imprescindible para mejorar la calidad de la gobernanza: "La cuestión no es tanto cómo quedan distribuidas las competencias sino cómo podemos colaborar para prestar mejor los servicios públicos a la ciudadanía".
Isabel Rodríguez se ha referido por último a la gestión de ayudas ante catástrofes. "Se ha producido ya una notable reducción de los tiempos de tramitación y seguiremos trabajando para dar una respuesta más ágil".
