Despoblación: "Tendencias demográficas en el conjunto de la Unión Europea"

El riesgo de despoblación de un territorio no sólo viene determinado por su densidad de población hay otras variables que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar el coste efectivo de los servicios básicos en las zonas rurales donde el envejecimiento y la dispersión geográfica ocupan un papel importante a la hora de concretar la financiación de los mismos.

En la actualidad según el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico el 53% del territorio español se encuentra en riesgo de despoblación donde el 90% de la población (más de 42 millones de habitantes) se concentra en 1500 municipios que tan sólo ocupan el 30% de la superficie del país mientras que el 10% de la población (algo más de 4,6 millones de habitantes) se extienden a lo largo del 70% del territorio con una densidad media de 14 habitantes por kilómetro cuadrado hemos de recordar que la densidad media de España es de 94 habitantes por kilómetro cuadrado; el éxodo de la gente joven del medio rural a la ciudad en busca de oportunidades laborales y mejora de la calidad de vida conlleva el envejecimiento de los pueblos, en España existen 4800 municipios donde hay dos personas mayores por cada menor de 15 años y de manera más clara en 1039 municipios la relación ya supera los 12 mayores de 65 años por cada menor de15 años.

En este contexto la Unión Europea decidió modificar la normativa sobre despoblación dentro del reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 2021-2027, así por primera vez, se analiza la incidencia del problema demográfico por provincias, municipios o agrupaciones de municipios (divisiones territoriales de nivel 2 LAU2)  donde no solo se tendrá en cuenta el PIB o  la densidad de población para poder percibir fondos sino también la pérdida de habitantes, con esta nueva interpretación se prestará más atención a los municipios escasamente poblados, aquellos con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilometro cuadrado que deben de abordar los problemas de las zonas despobladas y donde el trabajo de “propuesta de mapeo” corresponde a las comunidades autónomas y al mismo gobierno de España dentro de sus previsiones en cada uno de los programas operativos.

Un ejemplo de lo dicho con anterioridad es lo sucedido con las denominadas Ayudas Estatales donde la Comisión Europea ha revisado las directrices sobre ayudas regionales mediante la cual los Estados miembros establecen las condiciones en la que las ayudas de finalidad regional podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior y establecer los criterios para elaborar el mapa de ayudas regionales definiendo las zonas geográficas en la que las empresas pueden recibir ayudas estatales regionales (zonas asistidas) y el nivel de estas (intensidad de la ayuda) y con ello fomentar el desarrollo económico de las zonas desfavorecidas de la UE en condiciones de igualdad en competencia con el resto de estados, donde la cobertura global de las ayudas regionales afectarán al 48% de la población según los datos estadísticos de Eurostat teniendo en cuenta el PIB del período 2016-2018 y las tasas de desempleo durante 2017-2018; habrá un aumento de la intensidad máxima de las ayudas para apoyar iniciativas que se recojan dentro de los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital en zonas desfavorecidas, la validez de los mapas de ayuda estará vigente en el nuevo período 2022-2027 con una revisión intermedia prevista para el ejercicio 2023, estas ayudas entrarán en vigor el próximo día 1 de Enero del 2022 y hasta este momento conocemos que provincias como Cuenca, Teruel y Soria estarán entre esos territorios que podrá acogerse a este tipo de ayudas de incentivación económica  en zonas con problemas asociados al reto demográfico.

En marzo del 2021 el propio Parlamento Europeo emitió un informe en la Comisión de Desarrollo Regional sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la UE mediante los instrumentos de la política de cohesión, se ponía en valor que el declive demográfico aumenta la desigualdad y tiene un impacto notorio en la calidad de vida de los ciudadanos que repercute en la cohesión social, económica y territorial  y donde la actual crisis sanitaria del Covid-19 marca un punto de inflexión para las políticas relacionadas con la demografía que deben de tener un gran potencial para crear nuevas oportunidades para el desarrollo de las zonas rurales despobladas.

El Parlamento Europeo apela a que las autoridades locales y regionales deben de tener un papel importante en la formulación de las estrategias territoriales evaluando las necesidades de desarrollo y el potencial de las zonas de inclusión, donde el desarrollo local participativo es una herramienta útil para mejorar la accesibilidad y general empleo siendo la Agenda Urbana de la UE el instrumento más adecuado para identificar las cuestiones de máxima prioridad y la concreción de las medidas para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, siendo necesario, por un lado, la mayor simplificación de los instrumentos de la política de cohesión, y por otro, la necesidad de gestionar diferentes recursos financieros y con ello potenciar sinergias entre los diferentes fondos de la UE.

El cambio demográfico es algo estructural que tiene que ser socialmente sostenible y que para revertir las actuales tendencias demográficas negativas se requiere de nuevas perspectivas de desarrollo de manera muy especial en zonas rurales con problemas de despoblación donde es preciso dar respuesta inmediata a algunas cuestiones: la demanda de alimentos de calidad en los mercados, el desarrollo del turismo sostenible, la innovación social, la potenciación de la economía plateada, el desarrollo de infraestructuras etc., para ello es necesario utilizar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) junto con una mejor planificación y ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para fomentar la inclusión social mediante la cooperación entre los interlocutores sociales, la sociedad civil, autoridades regionales y locales, se trata tal y como recoge el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE de reforzar la cohesión económica, social y territorial en las zonas rurales más  afectadas por una transición industrial o que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes.