sábado, 20 de abril
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Sociedad
Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para personas jóvenes, cuyo objetivo es mejorar su cualificación para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que este Plan se inscribe en el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines: "Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el principal problema que tiene nuestro país, el desempleo, pero singularmente, el desempleo de los jóvenes".
Díaz ha afirmado que "no puede haber un país sin jóvenes, sin el talento en las empresas de nuestros jóvenes. Perderse el talento de la gente joven hoy en España, sin duda, es un error".
La ministra ha destacado el consenso en torno al texto aprobado, fruto del diálogo social, de la cogobernanza con las comunidades y ciudades autónomas y del trabajo con la Comisión Tripartita, el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Consejo Estatal de la Juventud de España.
Para su desarrollo, además de seguir contando con la colaboración e implicación de estas instituciones y entidades, la ministra ha asegurado que el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) será clave para analizar, "casi a la carta, en cada una de las localidades de nuestro país", qué formación específica necesitan los jóvenes de acuerdo a la realidad empresarial, económica y productiva más cercana, para favorecer su transición al mundo laboral.
Díaz ha reclamado también la implicación del sector privado, para que el Plan no se convierta "en un compartimento estanco", y un cambio en la cultura empresarial para recuperar el talento de los jóvenes en condiciones dignas y estables: "No podemos tener jóvenes con contratos de 436 euros al mes. Si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias, sin solución de continuidad".
El Plan de Garantía Juvenil Plus, que recibirá más de 3.000 millones, se compone de 69 medidas de orientación personalizada a los jóvenes para dotarles de las habilidades y capacitación necesarias para su inserción laboral. Presta atención especialmente a los menores de 30 años con escasa formación, pero también a quienes tienen una sobrecualificación. "Son los dos extremos que están operando como un factor de expulsión del mercado de trabajo a día de hoy", ha señalado la ministra, a quien también preocupan, ha dicho, aquellos jóvenes que "han caído directamente en el desánimo".
La ministra ha subrayado que, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España está encarando una importante transformación del modelo productivo, que se ha tenido en cuenta a la hora de para diseñar medidas que preparen a los jóvenes en estos nuevos sectores, como los derivados de las economías verde y azul.
La rehabilitación de espacios, en ciudades y núcleos rurales, y el impulso a nuevos yacimientos de empleo -por ejemplo vinculados al diseño, la moda o la comunicación audiovisual- también formarán parte del Plan.
Otro aspecto destacado será favorecer el emprendimiento. Los jóvenes que quieran desarrollar sus proyectos podrán acceder a microcréditos -sin necesidad de avales-, servicios de consultoría y asesoramiento, e incluso se les facilitarán ubicaciones físicas.
Garantizar la igualdad de oportunidades vertebrará todas las medidas, con especial hincapié en las acciones formativas y de reinserción laboral específicas para jóvenes con especiales dificultades, como quienes tienen responsabilidades familiares, mujeres, miembros del colectivo LGTBI o personas con discapacidad.
La ministra ha destacado, también, como aspecto esencial del Plan, la participación de los propios jóvenes en la gestión de muchas de las medidas recogidas en el mismo.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha resaltado que la Formación Profesional también es una de las reformas importantes de esta legislatura, y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará próximamente un proyecto de ley sobre la misma.
Hoy el Consejo de Ministros ha acordado ya destinar a las comunidades autónomas 301 millones de euros para el impulso del Plan de Modernización de la Formación Profesional (FP). Su distribución será aprobada en la Conferencia Sectorial de Educación.
Esta cantidad forma parte de la inversión total de 2.075 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina a la modernización del sistema de FP hasta 2023, para alcanzar una enseñanza de calidad, flexible e integrada que reúna en un solo sistema a la FP del sistema educativo y la FP para el Empleo.
Los fondos aprobados hoy permitirán desarrollar el nuevo sistema de evaluación y acreditación de competencias profesionales -se prevé acreditar las competencias de entre 450.000 y 500.000 trabajadores y trabajadoras durante este año- y convertir ciclos de grado medio y grado superior en bilingües. Además, se crearán 39.000 plazas de FP durante el curso 2021-2022, con el objetivo de alcanzar las 135.000 en los próximos tres años; se digitalizarán 220 aulas -para llegar a las 638 en tres años- y se establecerán 457 aulas de emprendimiento, potenciando los recursos necesarios para que los estudiantes puedan iniciar sus propios proyectos empresariales. Otro de los objetivos fundamentales es la formación de casi 25.000 docentes.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha presentado la Estrategia de Desarrollo Sostenible que España defenderá el mes que viene ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Belarra ha explicado que esta estrategia reafirma el compromiso del Gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ratificados en el año 2015 por 193 países miembros de la ONU, y coloca a España a la vanguardia internacional en este ámbito.
La ministra ha defendido que se trata de "una estrategia de país y no de una estrategia de gobierno" porque está construida de abajo a arriba y definida para que sea heredada por los gobiernos sucesivos. Además, ha señalado que en su elaboración han participado las comunidades autónomas, las entidades locales, los movimientos sociales, la sociedad civil, el sector privado y el mundo de la cultura, así como los niños y los jóvenes.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible, ha reiterado Belarra, dibuja un proyecto de país que asegura que nadie se quede atrás, es una guía para la reconstrucción y una vía para que la ciudadanía pueda acceder a viviendas accesibles, a unos servicios públicos que les atiendan adecuadamente, sin demoras, y para que pueda disfrutar de la diversidad del país, de su naturaleza y vivir libre de violencias.
Ione Belarra ha detallado que el documento recoge los retos y las políticas que tiene que adoptar España en la próxima década para abordar la transición social, centrada en dos ejes: la garantía de los derechos sociales y la redistribución de la riqueza. En este aspecto ha identificado cuestiones como el derecho a la vivienda y la lucha contra la pobreza energética.
La estrategia contempla la necesidad de construir un país que respete los límites del planeta y asegure una transición ecológica justa, valiente y ambiciosa. Propone el cierre de las brechas de desigualdad y la eliminación de todas las discriminaciones, en especial, las violencias machistas. Además, recoge los pasos para construir un nuevo modelo económico y productivo que sea verde, digital, justo y garantice la calidad y la estabilidad en el empleo.
La ministra ha incidido en que la estrategia asegura el refuerzo de los servicios públicos como requisito imprescindible para afrontar la reconstrucción porque la pandemia nos ha demostrado que "es necesario cuidar lo común, y porque lo público es lo que nunca se pone de perfil cuando las cosas se ponen difíciles".
Asimismo, Belarre ha avanzado que el texto propone como reto específico la revitalización del medio rural, que es un elemento fundamental para la cohesión de nuestro país. "Las personas que viven en un pueblo o en una ciudad pequeña no pueden tener menos derechos que las personas que viven en una ciudad", ha dicho.
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Estatal por la Bicicleta, cuyas cinco prioridades son avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta; promover la vida saludable mediante la movilidad activa; aprovechar el potencial del cicloturismo; fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta, y coordinar la acción del Estado en el impulso de la bicicleta.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha explicado que este plan, el primero de ámbito nacional sobre la bicicleta, forma parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 aprobada en septiembre del año pasado. En su elaboración, han participado distintos departamentos ministeriales, la FEMP y asociaciones vinculadas con este tipo de transporte sostenible.
Ábalos ha señalado que la colaboración de distintos actores será también fundamental para su desarrollo, por lo que se crean mecanismos para facilitarla, como la Oficina General de la Bicicleta del Mitma, que centralizará la coordinación, el seguimiento y la comunicación; la Red interministerial de responsables de asuntos relacionados con la bici, y un Comité consultivo de la bicicleta, compuesto por organizaciones implicadas. También se incidirá en la coordinación con gobiernos autonómicos y entidades locales y con las Cortes Generales.
El ministro ha avanzado la próxima convocatoria, a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, de ayudas a las entidades locales para mejorar el acceso a las estaciones de ferrocarril y "establecer una intermodalidad entre dos transportes claramente ecológicos como la bici y el ferrocarril". Esta misma Fundación está también potenciando las vías verdes en antiguas líneas férreas, muy indicadas para el cicloturismo.
El Gobierno ha aprobado las medidas y el procedimiento para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente, dentro de su ámbito territorial, a las compensaciones para propietarios o arrendadores de viviendas afectados por determinados supuestos de paralización de desahucio y lanzamiento.
José Luis Ábalos ha recordado que estas compensaciones ya estaban recogidas en el Real Decreto-ley 37/2020 que establece las suspensiones de los desahucios. Están dirigidas a propietarios y arrendadores afectados en el supuesto de que los servicios sociales no encuentren una alternativa habitacional para sus inquilinos en un plazo de 3 meses.
El ministro ha afirmado que el objetivo es dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios, garantizando así la protección social, pero también el de equilibrar los esfuerzos realizados por pequeños propietarios, evitando trasladarles situaciones de vulnerabilidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 433,9 millones de euros entre Entidades Locales para compensar la reducción de ingresos del transporte público causada por las restricciones de movilidad y la reducción de aforos en los vehículos durante la pandemia del COVID-19. Estas ayudas de carácter excepcional beneficiarán a cerca de 237 ayuntamientos, cabildos, consejos insulares y mancomunidades de municipios y sus áreas metropolitanas.
María Jesús Montero ha reconocido el papel protagonista de los municipios en la vida cotidiana de las personas y ha agradecido que hayan seguido prestando un servicio esencial como el transporte público durante la pandemia.
El Ejecutivo ha acordado destinar 100 millones de euros al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los fondos financiarán proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La propuesta de distribución territorial se abordará en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
La portavoz del Ejecutivo ha reiterado el compromiso del Gobierno para erradicar la violencia ejercida contra las mujeres y sus hijos e hijas: "Queremos decirles que no están solas, que este gobierno está invirtiendo los mayores recursos de la historia para erradicar esta lacra, este terrorismo, esta violencia".
En mayo, siete mujeres y el hijo de una de ellas fueron asesinados por sus parejas o ex parejas. Son cifras, ha dicho la ministra, "que nos obligan a estar alerta y a reconocer que todavía queda un largo camino por delante". En este sentido, ha dicho Montero, el Ejecutivo también seguirá trabajando para acabar con los discursos que cuestionan la existencia de este tipo de violencia.
Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad se están revisando todos los protocolos y las herramientas de las que disponen las instituciones en este ámbito, con el fin de consolidar un marco estable y bien financiado para cuando acabe la vigencia del Pacto de Estado, en 2022.
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que los datos publicados ayer reflejan que 11 millones de ciudadanos ya tienen administrada la pauta completa de vacunación y que más de 30 millones cuentan, al menos, con una dosis inoculada: "El siguiente objetivo es llegar a los 15 millones de personas con la pauta completa a lo largo de la próxima semana".
María Jesús Montero ha resaltado que el Gobierno está cumpliendo los objetivos establecidos por su presidente, demostrando que somos un "país muy eficaz a la hora de llevar a cabo procesos masivos de vacunación".
Además, ha explicado que "los buenos datos de vacunación y la tendencia a la baja en la incidencia acumulada en ofrecen la posibilidad de revaluar las medidas que se orientaron a evitar nuevos contagios", tal y como ha propuesto el Ministerio de Sanidad.
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia esta tarde un viaje a Argentina y Costa Rica, acompañado de un grupo de empresarios.
La portavoz también ha informado de que Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, con quien ha comentado su reciente viaje a Libia, dado que Egipto es un "actor clave" en la estabilización de ese país. Además, el jefe del Ejecutivo español ha reconocido a El-Sisi su "contribución exitosa y activa" para lograr el alto el fuego entre Israel y Palestina.
Ambos mandatarios tenían previsto reunirse en el contexto de la Cumbre de París sobre economía africana, a la que Sánchez no pudo acudir por la crisis surgida con Marruecos.
