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Sociedad

El Pleno envía al Senado el dictamen de la Comisión sobre la reforma de la Ley de Educación y aprueba el informe para la reforma del Pacto de Toledo

También ha convalidado los reales decretos del subsidio especial por desempleo y apoyo al sector cultural, y de medidas para entidades del Tercer Sector. El martes se aprobó la toma en consideración de la ILP de reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia.

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El Pleno del Congreso ha aprobado el dictamen de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que una vez superada la mayoría absoluta necesaria en la votación de conjunto será remitido al Senado. En la sesión de este jueves, la Cámara ha aprobado también el informe con las recomendaciones de para la actualización del Pacto de Toledo.

La sesión ha comenzado esta mañana con el debate sobre el dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Formación Profesional, aprobado el pasado 13 de noviembre, sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación y las enmiendas al articulado que los grupos parlamentarios han mantenido vivas, de las que se ha aprobado una enmienda transaccional y correcciones técnicas

La enmienda, por la que se incluye la referencia al papel social de los impuestos y la justicia fiscal en la educación en valores cívicos y éticos, ha sido acordada por los grupos Socialista, de Unidas Podemos, Republicano y, dentro del Grupo Plural, Junts Per Catalunya, Más País y Compromís, y quedará incorporada al texto que se remita al Senado.

En la votación de conjunto del texto, necesaria por el carácter orgánico de la ley, el proyecto ha obtenido la mayoría absoluta necesaria, con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. para continuar su tramitación en el Senado. En caso de que la Cámara Alta no enmiende ni vete el proyecto, la reforma quedaría aprobada y lista para publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y si se modifica el texto, volvería a debatirse en el Pleno del Congreso, para decidir si se mantienen o revocan los cambios.

Reales decretos-leyes

La sesión ha continuado con el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, convalidado con 236 votos a favor, 18 en contra y 87 abstenciones. 

Este Real Decreto-ley establece un conjunto de ayudas extraordinarias a favor de las principales entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal que desarrollan su labor a favor de diversos colectivos especialmente afectados por el COVID-19 como son, entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, el pueblo gitano, los diversos colectivos en riesgo de exclusión social, etc. El conjunto de estas ayudas asciende a un total de 26.404.089,44 euros.

El Pleno del Congreso también ha aprobado con 312 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural

La norma establece, por un lado, los requisitos para un subsidio especial por desempleo, de naturaleza extraordinaria, para aquellas personas que han agotado prestaciones durante el estado de alarma y no tienen acceso a otras ayudas y, por otro lado, las medidas de apoyo y protección por desempleo de artistas y otros profesionales de las artes escénicas y espectáculos públicos.

Pacto de Toledo 

La sesión plenaria ha continuado con el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, también aprobado con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones. Los votos particulares presentados al mismo por los grupos parlamentarios Popular; Republicano; Más País, Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Compromís, integrado en el G.P. Plural; Ciudadanos; y EH Bildu han sido rechazados.

Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y expertos, se ha elaborado el informe que contiene las recomendaciones para la reforma del acuerdo sobre las pensiones. 

El Congreso reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través del reparto equitativo de las cargas; se opone a cualquier transformación radical del sistema, considera que el actual sistema de pensiones, en su modalidad contributiva, da una respuesta protectora frente a las situaciones de necesidad en que pueden encontrarse trabajadores, pensionistas, y sus familiares, y reitera que la financiación de la Seguridad Social ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones.

La sesión de este jueves ha finalizado con el debate acumulado de los dictámenes de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de los ejercicios 2017 y 2018. El dictamen con la Declaración sobre la Cuenta General del ejercicio 2017 ha salido adelante con 314 votos a favor y 25 abstenciones; y el de 2018 también ha sido aprobado con 313 votos a favor y 25 abstenciones. 

El informe de la Ponencia, una vez examinada la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, considera que la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017 y la de 2018 "es coherente internamente" y "refleja adecuadamente la actividad económico-financiera, así como su situación patrimonial".

Proposiciones de ley

La sesión de esta semana comenzó el martes 17 de noviembre, a las 15h., con la toma de posesión del acta de diputada de Mercedes Jara Moreno, del G.P. Vox, y con el debate de dos proposiciones de ley: la impulsada por el CERMI, a través de una iniciativa legislativa popular, para la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias, y la presentada por el Grupo Popular, de carácter orgánico, de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales

El Pleno aprobó, con 340 votos a favor y 6 en contra, la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.

Esta  iniciativa legislativa popular, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), modifica los artículos 14 y 33 de la citada ley para que los beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), queden exentos de la participación en el coste de la prestación de dependencia.

Asimismo, el Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales, presentada por el G.P. Popular, que propone abandonar, en lo posible, la excepcionalidad constitucional y "conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias".

Proposiciones no de ley y moción

La sesión del martes continuó con el debate de la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vox, relativa a la aplicación y desarrollo del artículo 3 de la Constitución española mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el castellano, del derecho a usarlo y de su aplicación a las personas físicas, jurídicas y a todas las Administraciones e instituciones públicas del reino de España. Esta proposición ha sido rechazada en su votación en la sesión plenaria de este jueves.

Esta iniciativa insta al Gobierno a garantizar que "la lengua vehicular, de comunicación y trabajo de todas las Administraciones, sea el castellano", sin perjuicio de que en territorios con otra lengua cooficial se disponga lo necesario para poder utilizar ambas, y que "en ningún caso" se pueda obligar a un funcionario a "conocer y/o utilizar una lengua distinta del castellano", ni que el conocimiento de la otra lengua cooficial sea requisito para acceder a un empleo público.

Asimismo, se debatió la Proposición no de ley sobre creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica, del Grupo Parlamentario Popular. El grupo proponente considera necesaria esta iniciativa para recibir y gestionar en España los fondos Next Generation EU (NGEU) que permitan "optimizar los recursos públicos y que estos tengan un efecto multiplicador en la economía española". La presidencia de esta Autoridad sería asumida por "una personalidad de reconocido prestigio profesional" y estará avalada por una mayoría cualificada de la Cámara Baja. El Pleno del Congreso también ha rechazado esta proposición no de ley.

La jornada del martes concluyó con el debate de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos, que no ha salido adelante en su votación en Pleno.

Sesión de Control al Gobierno

El Pleno celebró el miércoles la Sesión de Control al Gobierno con las preguntas e interpelaciones urgentes registradas por los grupos parlamentarios hacia los miembros del Ejecutivo y debatir las dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes que quedaron pendientes del martes. 

En primer lugar, los grupos parlamentarios formularon 15 preguntas, y se plantearon tres interpelaciones urgentes, del Grupo Parlamentario Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España; del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia; y del Grupo Parlamentario Popular pidió al Gobierno que diera su visión sobre la valoración del gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado.

Al término de la sesión de control se debatieron las mociones de la CUP, formación integrada en el G.P. Mixto, sobre la regulación de los precios del alquiler de vivienda a través de una futura ley al respecto, aprobada en los términos de una enmienda transaccional; y del Grupo Parlamentario Popular sobre las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para evitar el grave deterioro de la imagen del reino de España en el exterior, rechazada en la votación de la sesión de este jueves.