sábado, 27 de abril

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Opinión

Derechos y deberes fiscales

Por Fermín Gassol Peco

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Estamos a muy pocas fechas de que finalice un año más el plazo dado para la presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el inevitable I.R.P.F., una recaudación anual a la que estamos invitados sí o sí todos los contribuyentes (no identificar con ciudadanos pues no todos lo son exactamente) de la nación para tributar por los dineros y bienes obtenidos (legalmente) fruto de trabajos y sudores.

Verán, este artículo es políticamente incorrecto aunque según el título les parecerá extraño calificarlo de esta manera, que derechos y deberes en una democracia son binomios fundamentales a los que todos los ciudadanos hemos de acogernos, constituyendo uno de estos deberes la obligatoriedad de declarar las ganancias ante el fisco. Si además de advertir esto, digo que quizá para aceptar su contenido haya que estar muy libre de prejuicios y dependencias sociopolíticas paternalistas la cosa parece ponerse más difícil.

La tesis es la siguiente: tengo una particular y creo no ser el único, percepción de la existencia de dos clases de ciudadanos; aquellos que tienen deberes y derechos y quienes disfrutan de los mismos derechos y privilegios, quedando relegados sus deberes y obligaciones a un muy segundo plano, a veces de manera testimonial y en algún caso inexistente.

Evidente que la tesis no presenta como objeto de estudio a quienes no pueden trabajar o tienen unos ingresos que no llegan al mínimo legal para declarar este impuesto sino que se centra sobre aquellos que no quieren trabajar y o tributar. No sé cuántos de ustedes suscribirán o rechazarán esta teoría pero creo que todos hemos sido testigos de hechos cotidianos que lo evidencian.  

Casos en los que las ofertas de trabajo son rechazadas o aceptadas con la condición de no ser dados (o dadas) de alta; como razones aducidas, evitar tener dos pagadores para así no estar obligados a “hacer la renta” o por estar cobrando subsidios o ayudas públicas.

¿Alguien de ustedes se ha visto en la necesidad de buscar personas para trabajar en su empresa y le ha sido tremendamente difícil encontrarlas o hacerlo con la condición de no firmar contrato? En la agricultura con frecuencia y en el ámbito del trabajo doméstico también aunque en este caso el incumplimiento se reparte con mayor frecuencia a partes iguales entre empleador y empleado; y no digamos de los trabajos despreciados sistemáticamente por ciudadanos españoles como la hostelería, agricultura o acompañar a personas mayores y disminuidos físicos. Enormes dificultades para encontrar personas en épocas de recolección de la uva y aceituna, o para la poda de viñas y y olivos por ejemplo. Y se de lo que estoy hablando.

La economía sumergida supone en España, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros recogidos en dos mil diez y ocho, el 20% del PIB, cinco puntos más de la media europea, con una pérdida de recaudación de 70.000 millones de euros, el 6% del PIB nacional.

Y no valen paternalismos consentidos que en una democracia consolidada y seria, todos vamos en un mismo barco y en estos últimos días de Junio pasando por taquilla, abocados a abonar parte del importe del viaje realizado. En España, cierto es que existe muchísima dificultad para encontrar trabajo y un abuso manifiesto por algunas empresas, sobre todo en las pequeñas donde no existen Comités de Empresa, entre el número de horas trabajadas y las contratadas, de ahí el acierto de instaurar el control horario, percibiendo además unos sueldos muy bajos y en algunos casos irrisorios o en negro.

Pues bien siendo todo lo anterior una verdad sangrante, no es menos cierto que existen personas que procuran vivir sin dar un palo al agua y en caso de extrema necesidad hacerlo pero con muy poquita fuerza y sin pasar por la siempre incómoda taquilla que la Agencia Tributaria tiene abierta para pagar impuestos.

Que si todos somos iguales en derechos y servicios como es de justicia, igualmente justo es tener que soportar la carga fiscal cada cual según sus ingresos realmente percibidos colaborando de manera alícuota y solidaria a mantener el bienestar social.