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Sociedad

Sí a la Tierra Viva, decepcionada ante la falta de voluntad política del Gobierno de García-Page para regular por ley la minería de tierras raras

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Manifestación contra la minería de tierras raras en Torrenueva (Ciudad Real, mayo de 2017

La asociación vecinal se muestra contrariada  ante  el criterio del Consejo de Gobierno, publicado este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes regionales, por el que expresa su no conformidad a la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de minería de tierras raras en Castilla-La Mancha,  y lamenta  que  al final  de esta  legislatura dicho Consejo se decante por desoír las peticiones ciudadanas realizadas durante buena parte de la misma. 

Es así que el Ejecutivo no sólo no cumple el mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha de febrero de 2017, que por mayoría absoluta instaron al Gobierno regional a iniciar los trámites para legislar sobre minería de tierras raras. Además impide la iniciativa legislativa propia de la institución que representanta a todos los castellano-manchegos en un amago de despotismo ilustrado.

Hurtar el debate parlamentario con el argumento de que la minería de tierras raras cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula resulta peregrino, toda vez que corresponde a los poderes públicos adecuar la norma a la realidad social y económica facilitando la iniciativa legislativa, máxime en este supuesto cuando la ley de minas data del año 1973. Ello es señal  de  falta de voluntad política del ejecutivo castellano manchego.

Por otro lado, argumentar, de forma adicional, la falta de crédito presupuestario para la elaboración del plan estratégico sectorial que requeriría la proposición de ley, evaluado en 120.000 euros por la Viceconsejería de Medio Ambiente para el caso similar de la vigente ley "antifracking" regional, es desmerecer la preocupación mostrada por  las comarcas que se han visto afectadas por proyectos mineros de tierras raras, ponderando la misma en términos cuantitativos.

Por último,  Sí a la Tierra Viva  le insiste  a un Ejecutivo que reconoció que hubo "un ambiente de presión del sector" para posibilitar el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, en la necesaria valentía política para afrontar el reto que supone garantizar a la ciudadanía,  mediante una ley autonómica, que la minería de tierras raras no producirá los perjuicios en la salud pública y el medio ambiente reconocidos en la resolución  09/dg-00108 de las Cortes Regionales, basada en la  evidencia científica expuesta en múltiples estudios internacionales.