Desde hace un mes, la palabra “shutdown” se oye a todas horas y en todas partes de Estados Unidos. No se habla de otra cosa porque este “cierre parcial” del gobierno está teniendo serias consecuencias para millones de ciudadanos, y aunque no es la primera vez que se produce, sí es ya el “shutdown” más largo de la historia: treinta días cuando escribo estas líneas.

Al contrario que ocurre en España, el presupuesto anual que financia la mayor parte del Gobierno Federal de Estados Unidos no se prorroga automáticamente cuando no lo aprueba el Congreso. Es decir, que si no hay acuerdo entre el partido Republicano y el Demócrata, el Gobierno Federal se queda sin fondos. Esto significa que más de 800.000 empleados públicos son enviados a casa porque no es posible pagar sus nóminas y, por tanto, amplios sectores de la administración no pueden funcionar.

En esta ocasión, el principal motivo de discrepancia para que el Congreso no haya aprobado el presupuesto es el empeño del presidente Trump en conseguir financiación para el muro en la frontera de México. Como el congreso, ahora de mayoría demócrata, no quiere aprobar esa partida y el presidente no quiere dar marcha atrás, el desacuerdo se traduce en el “shutdown”.

Pero lo que hace este “cierre” especial es que ya dura un mes, y otros sectores que anteriormente no llegaron a verse afectados (por ejemplo en los “shutdowns” de 2013 o 2018), están sufriendo ahora las consecuencias de la falta de financiación. La recaudación de impuestos, la inspección sanitaria o, paradójicamente, el personal de inmigración de las aduanas están empezando a no poder hacer frente a sus funciones básicas.

Se ha calculado que todo esto cuesta a la economía americana unos 1.200 millones de dólares a la semana, y ya están sonando alarmas de que, si se mantiene más tiempo, hasta podría impactar negativamente el crecimiento económico para 2019. Pero ni por esas parece Donald Trump contemplar la retirada de su órdago.

Y como siempre, en todo conflicto suele haber víctimas de carne y hueso, que en este caso son esos más de 800.000 funcionarios que llevan ya cuatro semanas sin cobrar. En España no suena demasiado mal, teniendo en cuenta que se cobra mensualmente, pero aquí que lo normal es cobrar cada semana o, como mucho, cada quince días, haber perdido ya cuatro pagas es toda una tragedia. Sobre todo, por dos razones: por un lado, esos funcionarios “no imprescindibles” suelen tener sueldos muy bajos, y por otro, la tendencia a consumir y vivir al día, hace que a la mayoría esto le pille sin ahorros. Por eso hace ya algunos días que se pueden leer en la prensa o escuchar en la radio noticias de restaurantes, supermercados u ONGs que ofrecen ayuda, comida, descuentos, etc. a los trabajadores del gobierno afectados. Y en el otro lado, tampoco faltan anuncios de entidades de préstamos “destinados especialmente” a esos funcionarios. Como dirían en la Mancha… aquí el que no corre, vuela.

En general, esta es una situación bastante excepcional y ningún presidente hasta ahora había forzado tanto la situación, aunque sólo fuera por la pérdida de rédito electoral. Pero Trump ya ha demostrado en muchas ocasiones que le da igual si sus decisiones o propuestas generan polémica, y estos días incluso ha manifestado que “el cierre podría durar años”.

Espero sinceramente que no sea así. Que el presidente-magnate entre en razón, y que los demócratas sean capaces de encontrar áreas de entendimiento para negociar. Aunque a veces, en política, lo que parece más claro y evidente no es siempre lo que acaba recogido en un acuerdo. Y me temo que esto es internacional.

Veremos.

Foto: Joshua Roberts, Reuters.