Estos días he asistido a un curso organizado por el Colegio de Procuradores de Vigo sobre Violencia de género. Confieso que, cuando recibí la comunicación, descarté apuntarme. Después recapacité y me dije que por qué no, que no estaría de más hacerlo, aunque tuviera que hacer encaje de bolillos para cuadrar las horas con mi trabajo. Las ponencias parecían atractivas: abogada, magistrada del Juzgado de lo Penal nº 4 de Pontevedra, Inspector Jefe de la UFAM, Subdirectora Xeral para o tratamento da Violencia de Xénero, forenses y socióloga.

Pues bien, independientemente de que los conferenciantes efectivamente respondieron a las expectativas con sus charlas, muy amenas y entretenidas, también lograron transformar mi percepción de esta materia, contagiándome su entusiasmo por la lucha contra esa lacra social y desechar tantos prejuicios como, a pesar mío, tenía.

Lo que se nos ofreció en este interesantísimo curso fue una visión global del problema y una información exhaustiva de los recursos con los que se cuenta para intentar si no erradicarlo (erradicar el delito, en general, es tarea prácticamente imposible de conseguir), al menos prevenirlo y minimizar las consecuencias.

Se hace necesario distinguir dos posturas que, a priori, parecen enfrentadas: la de los que defienden a toda costa que esta materia es grave y prioritaria, y la de los que le restan importancia a base de prejuicios. Confieso que yo me encontraba en el segundo de los supuestos, y no porque negase la realidad, sino porque me parecía absurdo distinguir entre diferentes tipos de violencia y otorgarle mayor necesidad de protección a una sobre otras.

Mi visión, tras asistir a este curso, ha variado. Ahora entiendo que todo lo que se está avanzando está bien hecho, y que aún queda un largo camino por recorrer para proteger a las víctimas y dotarlas de todos los medios que estén a nuestro alcance para que puedan emprender una nueva vida, para que se alejen para siempre y con la seguridad precisa de sus potenciales (o no tan potenciales) verdugos. Que hay que entender la dependencia emocional que sufren respecto de su maltratador, causante de la merma de su autoestima y circunstancia propiciatoria de que no denuncien hasta que la situación es tan insostenible o tan peligrosa que no les queda otro remedio.

Y precisamente ahora, cuando ya recibí el diploma que me acredita como una de los 50 procuradores de Vigo especializados en violencia de género y me permite adscribirme al turno de oficio especial en esa materia, es cuando viene a mi mente un asunto ocurrido muchos años atrás, prácticamente cuando comenzaba mi andadura profesional.

Mi clienta, una mujer sin estudios que trabajaba como limpiadora en un colegio al finalizar la jornada estudiantil, fue amenazada de muerte varias veces por su marido. La denuncia quedó en una simple condena por falta leve de amenazas. Ella no las tenía todas consigo, y fue bien clarividente: días después, el marido saltó la tapia del colegio al anochecer y, sabiéndola sola en la inmensidad del recinto escolar, le asestó varias puñaladas que le causaron la muerte. Por respeto no diré su nombre, aunque fue noticia de portada en todos los telediarios nacionales. Fue un hecho que me impactó, y mucho. Pensé en aquel momento que la ley era injusta, pero la ley no estaba tan evolucionada como ahora y los jueces no podían aplicar lo que su conciencia les dictase porque la normativa no lo amparaba. Al fin y al cabo, era la palabra de una contra la del otro. ¿Amenazas de muerte? Amenazas sin más, como las que se pueden cruzar dos personas cualquiera en el curso de una discusión.

Algo hemos avanzado. Si eso hubiera ocurrido en el tiempo actual, cuando menos se habría activado el protocolo de protección contra la violencia de género y seguiría viva. Por desgracia no fue así.

Gracias a ella, y a otras tantas como ella (las cifras de víctimas son escandalosas), en nuestro país se ha ido consiguiendo legislar de forma avanzada para que el numero se reduzca y para que, ante cualquier conato de violencia de género, se tomen medidas que eviten finales dramáticos.

En esto España va a la cabeza, y Galicia aún más.

Valga esta reflexión como homenaje a las que no tuvieron oportunidad.

Siempre habrá un recuerdo para ellas y para los hijos que quedaron huérfanos.