En defensa del sistema público de pensiones

El sábado 17M hemos salido a las calles a participar en la jornada de movilizaciones convocada para visibilizar y combatir el atropello social que desde el año 2011 se está cometiendo contra las y los pensionistas. En juego está no solo el presente del sistema público de pensiones, sino también la disputa de otros derechos que se asientan en la sociedad de manera transversal como la igualdad entre mujeres y hombres. La pensión media que perciben las mujeres en España se sitúa 725 euros frente a los 1.147 que perciben de media los hombres, un 37% menos.      

La importancia de esta convocatoria no necesita ser justificada extensamente, aunque sí cabe señalar alguna de sus claves, además de resaltar la continuidad de un proceso de  movilización que con tanta fuerza y convicción ha supuesto el 8M.

Se ha de destacar así, la actitud ciudadana sobre las reformas que ha padecido el sistema público de pensiones desde 2011. Se percibe un cambio cuantitativo en la calle. Cada vez más personas están convencidas de la necesidad de tomar las calles para defender  el sistema público de pensiones. Por otra parte, se asiste a un consenso casi unánime a la hora de calificar de oportunistas e interesadas  ideológicamente las reformas que, al abrigo de la crisis, pretenden imponer un modelo de sociedad donde la igualdad y el bienestar social se resuelvan estrictamente en el ámbito privado. Confiando, por tanto, al mercado y a la capacidad económica de cada cual la garantía de una fuente de ingresos decente una vez finalizada la vida laboral, pero también la vigencia de principios y valores como la igualdad, la solidaridad y la prosperidad económica y social.

Una mención especial merece igualmente el proceso de acumulación de fuerzas de distinto signo que se agrupan en torno a la defensa del sistema público de pensiones. Identidades de diferente procedencia aparecen coaligadas en la defensa de las pensiones. La edad, el género, la defensa de la mediación del Estado en la reversión de las desigualdades (lo público), etc constituyen algunos ejemplos del enriquecimiento político y social que está experimentando esta movilización social, política y sindical. Este positivo acontecimiento, fruto seguramente del trabajo político desarrollado durante el intenso ciclo de movilizaciones 2010-2014, vuelve a llamar la atención sobre la necesaria confluencia y unidad como requisito sine qua non del éxito de la movilización. Este último hecho exige una responsabilidad enorme por parte del conjunto de las organizaciones sociales, sindicales y políticas tanto para el 17M, como para  sucesivas citas similares que están por llegar.    

La pluralidad social, política y sindical que está empujando y articulando la movilización en defensa del sistema público de pensiones se ha traducido en algunos casos en la existencia de más de una convocatoria para el mismo día y a la misma hora. Hecho que ha sido utilizado de forma espuria por el Partido Popular para tratar de contrarrestar la ofensiva social en defensa de sus derechos más esenciales, presentándolo como un elemento de ruptura que buscaba desmovilizar a una parte más o menos extensa de la ciudadanía. Más allá de la fuerza que pueda haya podido restar a la reivindicación del 17M este tipo de coyuntura, cabe realizar una llamada de atención al ejemplo que podría cundir a partir de esta relevante cita en el contexto político que se aproxima. O lo que es lo mismo, las diferencias legítimas entre organizaciones de cara a identificar el núcleo de reivindicaciones  que ha de dar soporte a la defensa y reconquista de los derechos de ciudadanía no debería implicar en ningún caso la pérdida de la  unidad de acción.

De consolidarse la visión contraria a la aquí expuesta se corre el riesgo de fracturar el consenso social alcanzado en torno a la posibilidad real de reapropiarse de los derechos que de forma total o parcial nos han sido arrebatados durante todo este período de crisis. Si no se fuerza democráticamente –también en las urnas- el cambio de las mayorías parlamentarias actuales y del propio Gobierno se corre el riesgo de truncar las expectativas ciudadanas sobre la posibilidad de hacer realidad un proyecto de recuperación de derechos. Algo de esta frustración se está ya viviendo con ocasión de la permanencia del Partido Popular en el Gobierno, por lo que parecería acertado inscribir cada reivindicación singular en dicho proyecto colectivo de recuperación, manteniendo una mirada omnicomprensiva, donde la generosidad y la inteligencia en la articulación de la lucha democrática sean claves para la consecución de tal finalidad.